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REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS ÓRDENES DE VISITAS DOMICILIARIAS

 

 

                 Es de explorado derecho que por mandato Constitucional (artículo 31, fracción IV), todos los mexicanos nos encontramos obligados a contribuir para los gastos públicos.

 

                 Sin embargo, en una hipótesis ideal, si todos aportáramos al peculio aplicando correctamente las normas tributarias,  las autoridades fiscalizadoras no ejercerían sus facultades de comprobación para determinar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, puesto que no habría razón para ello.

 

                 Lamentablemente es de todos conocidos que muchos contribuyentes no aportan al fisco las cantidades  que constitucionalmente se encuentran obligados o que en su caso, realizan interpretaciones erradas de las disposiciones fiscales, lo que motiva que la recaudación tributaria disminuya, generando con ello que las autoridades fiscalizadoras se vean en la necesidad de ejercer actos de molestia para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, los cuales se encuentran tutelados por el artículo 42 del Código Fiscal Federal.

                 Lamentablemente en aras de incrementar la recaudación las autoridades fiscalizadoras también cometen violaciones a la esfera jurídica de los gobernados,  que obliga a estos a acudir ante los tribunales administrativos y/o Jurisdiccionales a hacer salvaguardar su derecho.

 

                 En el presente estudio  se realizará un análisis meticuloso acerca de los requisitos Constitucionales que deberá observar toda orden de visita domiciliaria, bien sea emitida por el SAT, el IMSS o el INFONAVIT.

 

                 El antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República establece:

 

“La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.”

 

(El énfasis es nuestro)

 

                 De lo antes expuesto se desprenden los requisitos jurídicos mínimos que se exigen para la realización de los cateos, los cuales deberán de ser satisfechos por las autoridades fiscales al efectuar visitas domiciliarias a los sujetos pasivos, a saber:

 

La orden de visita deberá constar por escrito.

Debe expresarse el lugar que ha de inspeccionarse.

La persona o personas con las que se entenderá.

El objeto preciso de la visita.

Levantar acta circunstanciada al término de la inspección, en presencia de dos testigos propuestos por el visitado y ante su negativa o ausencia, por la autoridad que practique la diligencia.

Obligación de cumplir los demás requisitos señalados por las leyes respectivas. (Código Fiscal de la Federación, etc.)

 

La orden de visita deberá constar por escrito

 

Esta garantía de seguridad jurídica, equivale al acto autoritario de molestia, el cual debe de derivarse siempre un mandamiento u orden escrito. Consiguientemente, cualquier orden verbal  que originen el acto perturbador, son violatorios del artículo 16, toda vez que dicho precepto claramente hace énfasis en que el acto de molestia debe de constar por escrito.

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación al emitir la tesis número 29, recaída al recurso de revisión número 1041/82, la cual a continuación se transcribe:

 

Registro No. 250436

Localización:
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
157-162 Sexta Parte
Página: 182
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

VISITAS DOMICILIARIAS ADMINISTRATIVAS. FORMALIDADES.

Las visitas domiciliarias administrativas deben satisfacer, según el artículo 16 constitucional, las formalidades de los cateos. No dice que sólo algunas formalidades, sino que se refiere en términos genéricos a las formalidades. Luego no habría razón legal para que los Jueces de amparo mutilaran la garantía constitucional y recortaran la protección que el constituyente quiso dar a la privacidad de los individuos, ya que es ésta el valor que fue considerado tan alto, que se incluyó la garantía de su tutela en el precepto constitucional a comento. Por lo demás, no hay una sola razón válida, que no fuese la práctica inconstitucional y viciosa, para restar protección a la privacidad de los individuos cuando la visita no deriva de un procedimiento penal, si no de un procedimiento administrativo, pues no es más digna de protección la privacidad del domicilio de quien es sospechoso de un delito que la privacidad de quien no lo es. Y si bien las consecuencias de un cateo pueden ser más graves para el afectado que las de una visita administrativa, esto se tomará en cuenta para ordenar la intrusión al domicilio, es decir, para sopesar que las causas que las justifican y hacer más rigurosa la exigencia del motivo en materia penal que en materia administrativa. Pero en ambos casos habrá que respetar las formalidades constitucionales. Ahora bien, entre las formalidades exigidas para los cateos, se encuentra la de una orden judicial escrita, en la que se expresará el lugar que ha de inspeccionarse y los objeto que se buscan o, en materia administrativa, cuáles son las disposiciones sanitarias y de policía cuyo cumplimiento se trata de comprobar. Y si no es materia de la litis el determinar si la orden debe emanar de autoridad judicial aun cuando se trate de visitas administrativas (como lo ha exigido, por ejemplo, la jurisprudencia de los Estados Unidos, cuya cuarta enmienda constitucional es antecedente de nuestro artículo 16, en este aspecto), de todos modo es de admitirse el argumento del quejoso de que es necesaria la exhibición de la orden escrita de autoridad competente, para proceder en seguida a la visita misma, si ésta ha de implicar una intrusión a la privacidad del visitado. De ello se sigue que si en el acta de la visita no aparece, ni demostró con otras pruebas, que se haya entregado al visitado copia escrita, motivada y fundada (artículo 16 constitucional), de la orden de visita, la visita misma está constitucionalmente viciada, así como todos los frutos de esa visita, los que por lo mismo carecen de valor legal para causar daños o molestias al visitado. Y así, la clausura ordenada con base en una visita viciada, está también viciada, y resulta violatoria también del artículo 16 constitucional.


PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1041/81. Jardín Cerveza Los Portales, S.A. 16 de abril de 1982. Mayoría de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Víctor Manuel Alcaraz Briones.

Genealogía:
Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 29, página 44

 

(El énfasis es nuestro)

 

Con la entrega de la orden de visita domiciliaria al visitado o en su ausencia a la persona que atienda la diligencia se configura formalmente el inicio de la visita domiciliaria.

 

Debe expresarse el lugar que ha de inspeccionarse

 

En este punto no existe mucho que aportar puesto que la visita domiciliaria debe forzosamente desarrollarse en el lugar designado en la orden respectiva, por supuesto que una orden de visita emitida en un domicilio distinto al que le corresponde al visitado violentaría el derecho del gobernado.

 

Persona o personas con las que se entenderá la diligencia

 

                 Si bien es cierto, las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación a través de la visita domiciliaria, no se encuentra constreñidas a ejercer sus facultades únicamente con el contribuyente o su representado, ya que puede iniciarlas con un tercero en caso de que éstos no se encuentren en el domicilio para recibir la orden de visita.

 

                 Sin que sea óbice lo anterior, que cuando el acto de molestia se desarrolle con un tercero, que los visitadores circunstancien fehacientemente la forma en que se percataron de que el visitado o su representante no se encontraban presentes a la hora indicada y que por tal motivo la diligencia se llevó a cabo con dicho tercero.

 

                 En el mismo sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal al resolver la Contradicción de Tesis número 85/2009, la cual a continuación se transcribe:

NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO.

Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario que el notificador asiente en el acta relativa datos que objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su representante y que ante la ausencia de éstos entendió la diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documento a su destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

Contradicción de tesis 85/2009.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.- 27 de mayo de 2009.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Francisco García Sandoval.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio del dos mil nueve.

 

(El énfasis es nuestro)

                

Es de enfatizar la importancia de analizar la forma en que la autoridad lleva a cabo el requisitado del citatorio, puesto que su indebida circunstanciación actualiza la excepción a la regla y por consiguiente provoca la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, tal como se confirma en la Jurisprudencia número VII.3o.C. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, la cual a continuación se transcribe:

 

Registro No. 185535

Localización:

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVI, Noviembre de 2002
Página: 1045
Tesis: VII.3o.C. J/2

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN EL CITATORIO PARA SU ENTREGA DEBE SER LISA Y LLANA. Cuando una orden de visita domiciliaria deriva del uso de la facultad discrecional que a las autoridades hacendarias les otorga el artículo 16 constitucional y con ella pretenden iniciar el procedimiento de fiscalización que para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales regulan los numerales 42 y 44 del código tributario, esa facultad de comprobación inicia con la notificación de dicha orden de visita al particular, por tanto, si se declara la nulidad del citatorio con que se pretendía notificarla por algún vicio formal, tal violación, si bien debe quedar encuadrada en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, su estudio no debe desvincularse de la parte final de la fracción III del artículo 239 del propio ordenamiento legal en cuanto establece una excepción a la regla genérica contenida en la misma, relativa a que respecto de las facultades discrecionales no opera la nulidad para efectos (aun cuando se trate de violaciones formales), pues esa disposición atiende, precisamente, a la génesis de la resolución impugnada, que permite dilucidar cuándo el acto anulado se originó con motivo de un trámite o procedimiento forzoso, o con motivo de una facultad discrecional; en este último supuesto, es claro que declarada la nulidad del citatorio con que se pretendía notificar la orden respectiva, válidamente puede decirse que ésta, con mayor razón, ni siquiera pudo tener existencia legal (por el vicio del acto procesal previo) y propiamente no se ha iniciado procedimiento fiscalizador alguno en el que ejerza tales facultades discrecionales, por lo que imprimirle efectos a la sentencia de nulidad, atentaría contra esa potestad, coartándole su libre poder de elección respecto del que, si bien no se le puede impedir, tampoco es válido obligarla a que lo ejerza por ser una prerrogativa constitucional para la autoridad hacendaria.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Clave: VII.3o.C. , Núm.: J/2

Revisión fiscal 17/2002. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 22 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.

Revisión fiscal 40/2002. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero.

Revisión fiscal 44/2002. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Esther Carús Medina.

Revisión fiscal 54/2002. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 13 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: José Alfredo García Palacios.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 443, tesis 2a./J. 63/2002, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA FALTA DEL REQUISITO FORMAL DEL CITATORIO CONSISTENTE EN ESPECIFICAR QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA A LA DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.".

(El énfasis es nuestro)

El objeto preciso de la visita

 

La autoridad que emita la orden de visita domiciliaria por un principio lógico y de seguridad jurídica para el visitado, debe precisar el objeto o propósito de la misma; así, este principio fue recogido por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación,  precepto que establece en lo conducente que el acto de molestia debe de encontrarse debidamente fundado y motivado y expresar el objeto o propósito de que se trate.

 

Para satisfacer con plenitud dichos requisitos,  es necesario que en la orden de visita se precise de manera clara y por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden cerciorarse, pues ello permite que la persona visitada conozca en forma plena las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a la verificación de los renglones establecidos en la visita ya que el señalar con precisión el objeto o propósito de la misma, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, debe ser pleno pues sólo de esta manera se cumple debidamente con el requisito establecido en el artículo 16 constitucional en el sentido de que las visitas practicadas por las autoridades administrativas se deben sujetar a las formalidades previstas para los cateos, entre la que se encuentra, precisamente que en la orden se debe señalar los objetos que se buscan, que en la especie sería señalar por su nombre los impuestos, de cuyo cumplimiento, las autoridades fiscales pretenden cerciorarse.

 

Registro No. 206396

Localización:
Octava Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
68, Agosto de 1993
Página: 13
Tesis: 2a./J. 7/93
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.

De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.

Contradicción de tesis. Varios 40/90. Entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 19 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Alfonso Soto Martínez.


Tesis de Jurisprudencia 7/93. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores.

Véase:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 333, tesis por contradicción 2a./J. 59/97 de rubro "ORDEN DE VISITA DOMICILIADA, SU OBJETO.".

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XVI, octubre de 2002, página 391, tesis por contradicción 2a./J. 116/2002 de rubro "VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZON POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.".

Genealogía:
Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 509, página 367.

 

(El énfasis es nuestro)

 

Levantar acta circunstanciada al término de la inspección, en presencia de dos testigos

 

                 Para estar en aptitud de precisar lo que debe entenderse por circunstanciada, es necesario acudir al significado gramatical de la palabra circunstanciar. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésimo primera edición, Real Academia Española, 1992, circunstanciar es 'determinar las circunstancias de algo', definición tal, que necesariamente exige atender al significado gramatical de la palabra circunstancia, definiéndose por tal al “accidente de modo, tiempo, lugar, etcétera, que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. Conjunto de lo que está en torno a uno.”. De lo antes expuesto se colige que “circunstanciar” consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar, de un determinado objeto, hecho u omisión. En ese orden, en términos generales la circunstanciación de un acto consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar, de los hechos u omisiones conocidos por los visitadores durante el desarrollo de una visita de inspección o verificación, independientemente de que éstos encuadren o no en algún supuesto normativo.

 

Luego entonces, el requisito de forma circunstanciada relativo al acta de visita domiciliaria con el objeto de verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales, consiste en detallar o pormenorizar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas durante la visita, esto es, que deben precisarse los datos concretos inherentes al hecho, omisión o irregularidad que se imputa y al medio de convicción con que se demuestre el mismo, los cuales hagan posible su identificación particular, como son aquellos por los que se obtuvo el conocimiento de que el contribuyente cumple con sus obligación fiscales por las actividades que realiza,  con el fin de posibilitar una adecuada defensa al contribuyente visitado y respetarle la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal de la República.

 

                 Vale la pena reiterar que la circunstanciación de la visita realizada al sujeto pasivo, debe de hacerse constar en el propio documento que la contiene, el cual al término debe de estar firmada por los visitadores, el visitado o su representante o quien haya atendido la diligencia, así como los testigos, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La comparecencia de los citados testigos para que éstos den testimonio con su firma a lo que auténticamente les conste y respecto de los hechos y omisiones consignados en las actas de visita y que hubieren sido conocidos por ellos.

 

             Obligación de cumplir los demás requisitos señalados por las leyes respectivas. (Código Fiscal de la Federación, etc.)

 

                 Las leyes respectivas son los ordenamientos jurídicos de carácter secundario, dictados por el Congreso de la Unión.

 

 

                 Es importante conocer al detalle todo el procedimiento bajo el cual se desarrollará la visita domiciliaria, el cual se encuentra contenido en los artículos 43 al 50 del Código Fiscal de la Federación, puesto que en tales preceptos se precisa la actuación de la autoridad, del visitado o su representante y de los testigos durante el desarrollo de la misma. Por razones de espacio no  se realizará un análisis de los preceptos antes citados.

 

                 Como corolario de lo anterior, es exigencia indispensable, que las órdenes de visita domiciliaria cumplan con los requisitos constitucionales analizados en el presente libelo, aunque la ley secundaria NO lo señale expresamente, su falta de valor probatorio de la resolución determinante del crédito o de las sanciones aplicables  con base en dicha acta, toda vez que si un acto resulta inconstitucional, todos los actos que de él deriven también resultan inconstitucionales, de conformidad con la Jurisprudencia que a continuación se transcribe:

 

 

Registro No. 252103

Localización:
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
121-126 Sexta Parte
Página: 280
Jurisprudencia
Materia(s): Común

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:



Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.


Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.



Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.



Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 75/2004-PS en que participó el presente criterio.

Genealogía:
Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 47.
Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 39.

 

(El énfasis es nuestro)

 

                 Por lo antes expuesto y fundado  se le sugiere al amable lector escudriñar que el acto de molestia que se resienta,  cumpla a cabalidad con los requisitos constitucionales analizados en el presente escrito, en caso de que exista omisión de alguno de los citados requisitos interponer el medio de defensa adecuado para la defensa de sus intereses.

Cuadro de texto: 




 

 

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REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS ÓRDENES DE VISITAS DOMICILIARIAS

ANÁLISIS FISCALES